La discusión es quién gobierna a México

Gerardo Villagrán del Corral*

Falta menos de un mes para que asuma el Gobierno Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ya ha empezado a recibir feroces ataques de los grandes medios de comunicación y de todos los que sienten que serán afectados con sus políticas y decisiones, principalmente el poder económico con su derrota en la consulta popular sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El resultado de la consulta popular convocada por López Obrador fue contundente, y ganó la alternativa del aeropuerto en Santa Lucía y la cancelación del faraónico proyecto del NAICM, una aspiración de los gobiernos neoliberales desde el sexenio de Fox, impuesto por la fuerza, con muertos, presos y mujeres de la localidad de Atenco violadas para obligar su desalojo y satisfacer los negocios del gran capital.

Los mercados, los partidos del actual régimen, las cúpulas empresariales y los sicarios de los medios hegemónicos al servicio (o parte) del poder fáctico, hablando como supuestos representantes del colectivo (como están acostumbrados a hacer) anunciaron tormentas y desastres y siguieron con sus ataques al futuro presidente. La cuerda se tensó y la guerra de micrófonos tenía como meta dirimir quién manda en México.

La posición de AMLO no pudo extrañar, ya que desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal se había opuesto a esta obra. En el 2015 había presentado a Santa Lucía como alternativa frente a lo que calificó como un “baúl sin fondo”, “una obra faraónica” y “un negoción para unos cuantos”. La resistencia de las cúpulas empresariales hizo que López Obrador optara por una consulta como mecanismo de deliberación.

El asunto central es quién manda (o mandará) en México.

Los últimos gobiernos mexicanos, mientras creaban una nueva oligarquía, se sometían a los dictados de Washington y de los grandes intereses económicos estadounidenses y de sus socios locales. Cada reforma “estructural” fue en beneficio de un pequeño grupo, cada decisión impopular de los gobiernos era aplaudida de pie por el poder económico y mediático.

A partir del 1 de diciembre -anunció el cada vez más próximo mandatario- se cancelará el proyecto de NAICM, los compromisos financieros se honrarían y se buscaría negociar con las partes inconformes.

Lo anunció AMLO, con más de 30 millones de votos conquistados en las elecciones y el 70% del más de un millón de ciudadanos de 538 municipios que participó en la consulta, quien se preguntó, precisamente, "¿quién manda?, ¿no es el pueblo, los ciudadanos?, ¿no es eso la democracia? Ese es el cambio”.

Y agregó que “se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté solo al servicio de un grupo. El gobierno es de todos, representa a todos y estoy seguro que se entenderá. Cuesta trabajo, porque no termina de desaparecer lo antiguo, lo viejo, lo anacrónico".

AMLO fue sumamente claro a lo largo de su campaña con respecto a este mega-proyecto, que tenía un costo de 15 mil millones de dólares -además de un costosísimo mantenimiento anual- por ser construido en un terreno que antaño fue el lago de Texcoco y que por ello tiene un suelo asentado en un fondo lleno de agua y lodo.

Era un proyecto ecocida porque se hubiera secado el lago Nabor Carrillo, eliminando a todas las aves que allí se han asentado. Las pistas de aterrizaje sufrirían hundimientos debido a la naturaleza del suelo en donde serían construidas. Toda esa zona de Texcoco hubiera dejado de ser un vaso regulador y fuente de absorción de agua para la Ciudad de México.

El pueblo decidió: en lugar de construir el nuevo aeropuerto, se construirá un complejo aeroportuario que integrará al actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez con el de Toluca y el actual aeropuerto militar de la base militar de Santa Lucía.

Esta decisión augura un cambio en el tipo de democracia, de un sistema donde lo democrático era ejercido cada seis años en el derecho al voto (por alguna de las opciones del poder fáctico representando a distintos partidos que, en definitiva, son parte de lo mismo), mientras se beneficiaba permanentemente a las elites económicas, al mejor estilo neoliberal, por una democracia participativa, donde el pueblo es el que decide.

¿Y las reformas estructurales?

La división de los partidos conservadores y las contradicciones entre los diversos sectores capitalistas (transnacionales, grandes empresas nacionales, medias y pequeñas), e incluso en los mandos de las Fuerzas Armadas, le permitieron a AMLO llegar a la presidencia que antes le habían hurtado.

Para el analista Guillermo Almeyda fueron decisivos el temor a la reacción popular en caso de fraude (el tigre que AMLO ofreció domar) y la agudización de la permanente resistencia, a pesar de la represión y las matanzas (zapatismo chiapaneco en el 1994, votación por Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal en el 1997, Acteal en ese mismo año, la experiencia de la Asamblea Popularde los Pueblos de Oaxaca, la lucha de Atenco contra el nuevo aeropuerto durante el Gobierno de Vicente Fox en el 2006, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el gasolinazo, Anuee...).

Hoy su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría en ambas cámaras, pero ni siquiera ha elaborado un calendario urgente de reformas a las leyes infames y persisten la Ley de Educación y todas las leyes reaccionarias sobre seguridad, Petróleos Mexicanos, los recursos naturales, la minería, la justicia o en materia laboral, nada se dice de todos los charros en los sindicatos y se mantiene la militarización del país.

Muchos analistas consideran negativa la decisión de AMLO de hacer el Tren Maya a costa del medio ambiente y de los campesinos y en provecho del turismo de lujo y de la especulación y, también la resolución sobre las denominadas Zonas Económicas Especiales, que reorganizan el territorio en interés y a la medida del gran capital, con completo desprecio por las poblaciones y por la ecología.

El modelo neoliberal tiene demasiados cerrojos

La otra pregunta es si está a la orden del día el fin del modelo neoliberal, lo que es sumamente difícil, porque desde el 1994-1996 se han aprobado una serie de candados legales que blindan jurídicamente el proyecto neoliberal.

El proyecto alternativo de nación de López Obrador plantea que hay que recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Esto no significa que sea la mera continuidad del modelo actual.

Sostiene que se consultará a la gente si las reformas estructurales se mantienen o se cancelan. Anuncia que el presupuesto será realmente público y se dará preferencia a los pobres. Insiste en la centralidad de la lucha contra la corrupción. Pero no habla explícitamente –como sí hizo en el pasado– de erradicar el modelo económico neoliberal.

Ya puso en el centro del debate de la campaña electoral la revisión de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales, la construcción del NAICM y las de explotación de campos petroleros. Asimismo, se comprometió a dar marcha atrás a la reforma educativa.

Pero, más allá de la voluntad política para modificar el modelo neoliberal está el entramado jurídico, construido para evitar que se modifiquen sus aspectos sustantivos.

No se trata tan solo de un candado, sino de un sistema complejo de cerrajería urdido desde las reformas aprobadas por las cámaras, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la nación, el funcionamiento de los organismos reguladores de la economía y la firma de acuerdos de libre comercio, señala el analista Luis Hernández Navarro.

El marco legal aprobado es un verdadero campo minado que favorece invariablemente los intereses de las grandes empresas (muchas de ellas transnacionales) en contra de las facultades regulatorias del Estado.

El momento clave para tender este cortafuegos jurídico fue la reestructuración de la Suprema Corte en diciembre del 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo destituyó a los 26 ministros que la integraban y estableció una nueva composición de 11, agrega.

El proyecto neoliberal en México contó, a partir de ese momento, con un enorme blindaje jurídico. Desde entonces, una y otra vez, la Corte ha decidido contra los intereses populares.

Pero también los órganos reguladores de la economía impusieron cerrojos que, en lugar de favorecer la competencia, propiciaron la concentración del mercado y fortalecieron a los monopolios, además de permitir al Ejecutivo disfrutar de facultades extraordinarias.

La firma de innumerables tratados de libre comercio (sobre todo en sus capítulos de inversiones) obligó a modificar la legislación interna y sometieron al país a un nuevo derecho pro-empresarial, dedicado a proporcionar garantías a las inversiones extranjeras. No es factible emprender un nuevo modelo de desarrollo en favor de las mayorías si no se desmantela este entramado jurídico abiertamente pro-empresarial.

A menos de un mes de asumir la presidencia, un presidente centroizquierdista parece haber decidido que sean los mexicanos los que acompañen las decisiones de su gobierno, empoderando a los excluidos -económica, social y políticamente- por décadas. Para ello deberá abrir muchos cerrojos y atreverse a hacer cambios estructurales. El tema de base es siempre el mismo: ¿quién gobernará México?

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)