La Batalla por Venezuela

John M. Ackerman*

Solamente una persona totalmente desubicada podría creer el fantasioso cuento de que la intervención extranjera en Venezuela es para favorecer la democracia o defender los derechos humanos. La imposición de Juan Guaidó por parte de Estados Unidos como presidente interino responde exclusivamente a intereses políticos y económicos.

El reino de Arabia Saudita es una monarquía hereditaria y confesional que viola de manera constante los derechos humanos de las mujeres y los periodistas, pero goza del apoyo irrestricto de Washington y los poderes europeos. Estados Unidos hoy es gobernado por un señor que recibió 3 millones de votos menos que su contrincante en las elecciones de noviembre del 2016 y viola continuamente los derechos de migrantes, pero nadie aboga por el desconocimiento de su gobierno por la comunidad internacional.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela cuenta con 302 mil millones de barriles, la reserva probada de petróleo más grandes del mundo, más que Arabia Saudita, Rusia o Irán. En un contexto global cada vez más competitivo y multilateral, Washington está desesperado por recuperar el control sobre su patio trasero que había sido amenazado con la llegada de gobiernos progresistas en esa región.

En Brasil se logró encarcelar a Luiz Inacio Lula da Silva e imponer al neofascista Jair Bolsonaro. En Ecuador, Lenin Moreno fue cooptado para traicionar el legado de Rafael Correa. En Argentina se maniobró para lograr la victoria del ultraneoliberal Mauricio Macri. Y en Venezuela hoy se recurre a un golpe de Estado blando para sacar a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro recibió seis millones de votos, 67% de la votación, en las elecciones del 20 de mayo del 2018, aplastando al segundo lugar, Henri Falcón, por casi 47 puntos porcentuales. Compitieron cuatro candidatos y participó 46% del padrón electoral. La elección fue organizada por el Consejo Nacional Electoral que aplicó los estándares internacionales más avanzados en la materia. Aquella fue la segunda elección presidencial ganada por Maduro.

En el 2013 también salió victorioso, con 7,5 millones de votos en un proceso muy competido contra Henrique Capriles.

Al autoproclamarse presidente interino, el parlamentario Guaidó comete el delito de usurpación de funciones. Y al recibir un apoyo millonario del gobierno de Estados Unidos, supuestamente para programas humanitarios, también incurriría en el delito de traición a la patria. Washington también planea entregar a Guaidó el control sobre las cuentas bancarias de la empresa petrolera estatal CITGO para financiar su golpe de Estado.

Es como si Bernie Sanders se autoproclamara presidente de Estados Unidos y recibiera un financiamiento multimillonario de China para comprar armas y lealtades. ¿O qué tal si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de repente confiscara los bienes del Banco Santander o de la petrolera Repsol y los entregara a Pablo Iglesias como apoyo para su lucha por una democracia verdadera en España?

Ahora bien, el ultimátum de los viejos poderes coloniales como Inglaterra, España, Francia y Alemania para que se convoque a la brevedad a nuevas elecciones en Venezuela no tiene lógica dentro de los sistemas políticos presidenciales que rigen en las Américas. En nuestro continente, ni el Poder Legislativo ni los partidos opositores están facultados para desconocer unilateralmente al gobierno en turno o llamar a elecciones anticipadas.

Este tipo de acción sólo tiene sentido dentro de los sistemas parlamentarios de Europa, donde es común anticipar elecciones para salir al paso de las crisis políticas. Así que al querer forzar a Venezuela a asumir la lógica de un sistema político ajeno, la intervención de Emmanuel Macron, Ángela Merkel, Pedro Sánchez y Teresa May resulta ser igual de agresiva y extralegal que la de Donald Trump.

Además, Venezuela ya ha recurrido sistemáticamente al mecanismo de elecciones anticipadas, al celebrar una Asamblea Nacional Constituyente en el 2017 y adelantar las elecciones presidenciales del 2018 como resultado de las negociaciones celebradas con la oposición en República Dominicana.

La digna posición de los gobiernos de México y Uruguay implica una voz de cordura y de legalidad en la coyuntura actual. La Doctrina Estrada se desarrolló precisamente con el fin de defender la soberanía de los pueblos del sur frente a los embates imperialistas del norte, algo hoy más vigente y necesario que nunca.

Si los mexicanos no hubiéramos derrotado en las urnas al viejo régimen autoritario el pasado primero de julio del 2018, el gobierno encabezaría hoy la intervención dictatorial en Venezuela. La Cuarta Transformación no solamente implica un respiro de aire fresco para la democracia mexicana sino también empieza a rendir frutos a favor de la libertad y la independencia de los pueblos del mundo.

*Profesor de Derecho e investigador, columnista en Revista Proceso y La Jornada, Director Editorial del Mexican Law Review