Notas sobre el bloqueo a Venezuela
Pedro
Santander*
La prensa mundial dedica a diario extensos espacios (de preferencia
titulares y columnas de opinión) para resaltar todas las dificultades por las
que atraviesa el pueblo venezolano. Al hacerlo, siempre culpa de ello a la
gestión del presidente, Nicolás Maduro. Periodistas, opinólogos,
cantantes, actores, académicos y políticos opinan con fruición en los
principales medios del mundo acerca de Venezuela. Pero esa obsesión mediática
con el país caribeño siempre oculta una variable clave para cualquier análisis
mínimamente riguroso: el bloqueo.
Al igual que ha ocurrido por décadas con Cuba, se juzga y critica el
proceso político y la situación venezolana como si no existiera esa tremenda
variable. No es novedad que un país cuyo Gobierno intenta hacer una política
interior y exterior de manera independiente y que, además, plantea una crítica
al sistema capitalista sea bloqueado brutalmente. Le ocurre a Cuba desde hace
58 años. Le ocurrió al Gobierno de Salvador Allende quien, desde el inicio de
su mandato, tuvo que lidiar con un bloqueo económico internacional que impulsó
el congelamiento de las ventas del cobre en el exterior. De hecho, en su
discurso de diciembre del 1972 ante las Naciones Unidas, Allende denunció “el
bloqueo financiero y económico ejercido por los EEUU”. Lo mismo hizo este año
el presidente Maduro en las 73a Asamblea General de las Naciones Unidas.
La estrategia es la misma: bloquear política y económicamente a los
países disidentes (o sea, soberanos) y ocultar mediáticamente el bloqueo, así
como sus consecuencias, ante la opinión pública mundial. Le ha pasado a Cuba,
le ocurrió a Chile y le sucede a Venezuela.
Sin embargo, en cada caso el bloqueo adquiere expresiones y modalidades
particulares. Para el caso de Venezuela podemos distinguir cuatro: 1) bloqueo a
través de decretos extraterritoriales, 2) bloqueo a través de intermediarios,
3) bloqueo mediante agencias de calificación de riesgo y, 4) bloqueo
informativo impulsado por las corporaciones mediáticas.
La primera modalidad se formalizó el 9 de marzo del 2015, cuando Barack Obama firmó un decreto ejecutivo que declaró a
Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”. Literalmente, este
decreto dice: “Por medio de la presente, informo que he emitido una Orden
Ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual
y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU
representada por la situación en Venezuela”. Esa orden ejecutiva se ha ido
extendiendo en el tiempo y ampliando en sus efectos. En mayo del 2018, Donald
Trump, en respuesta a la insolencia chavista de convocar (una vez más) a
elecciones, decretó sanciones del Departamento del Tesoro para prohibir la
compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de cualquier deuda del
Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar. Estas sanciones
incluyen al Banco Central y a la estatal petrolera PDVSA. Al día de hoy,
Venezuela no puede hacer uso del Dólar como moneda internacional, ni puede
negociar ninguna transacción internacional a través de dicha divisa. Esto
implica la imposibilidad de negociar la deuda externa, ya que la mayoría de los
contratos de deuda pertenecen a jurisdicción estadounidense.
En esa línea, gran parte del sistema financiero internacional ha venido
propiciando, en los últimos años, un esquema de bloqueo hacia las operaciones
financieras de Venezuela. Se han sucedido cancelaciones unilaterales de
contratos de corresponsalía bancaria del Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank, etc. Desde julio del 2017, el
agente de pago de los bonos emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco
corresponsal (PNC Bank) en EEUU se negaba a recibir fondos provenientes de la
estatal petrolera.
La segunda forma, el bloqueo mediante intermediarios, es una expresión
propia de estos tiempos. El objetivo es evitar que cualquier intermediario que
realiza transacciones con Venezuela las lleve a cabo, impidiendo toda
interacción y relacionamiento de Venezuela con empresas de los EEUU. Y no sólo
de allí: el Novo Banco (Portugal) notificó en agosto del 2017 la imposibilidad
de realizar operaciones en dólares con instituciones públicas venezolanas por
bloqueo de intermediarios. Se impide, así, que los intermediarios de pago
actúen, bloqueando cualquier acción de pago. Esta modalidad ha tenido
consecuencias humanitarias en tanto se han visto afectadas, por ejemplo, las
compras de medicamentos y de alimentos.
En el 2017, 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano
no llegaron al país porque el Citibank boicoteó
la compra de este insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos
que Venezuela estaba depositando para pagar la importación de este inmenso
cargamento, necesario para los pacientes con diabetes. En consecuencia, la
insulina quedó paralizada en un puerto internacional, a pesar de que existían
los recursos para adquirir el medicamento. A eso se suma que el laboratorio
colombiano BSN Medical impidió la llegada
de un cargamento de Primaquina, medicina usada
para tratar la malaria. Un total de 23 operaciones en el sistema financiero
internacional fueron devueltas (entre ellas 39 millones de dólares para
alimentos, insumos básicos y medicamentos). Finalmente, desde noviembre del año
pasado, mil 650 millones de dólares de Venezuela destinados a la
compra de alimentos y medicinas están secuestrados por parte de la empresa de
servicios financieros Euroclear, en cumplimiento
de las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU.
El bloqueo de intermediarios no solo apunta a las operaciones
financieras. También afecta la movilidad de los venezolanos en los más diversos
ámbitos. Desde el 2014 se han ido de Venezuela Air Canada,
Tiara Air, Alitalia, Gol, Lufthansa, Latam Airlines Aero México, United Airlines, Avianca, Delta Airlines,
Aerolíneas Argentinas, etc. Es cada vez más difícil llegar por aire a
Venezuela.
También las agencias de viaje se unen al cerco. Por ejemplo: 15 boxeadores
venezolanos no pudieron presentarse al evento clasificatorio para los Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC), debido a la imposibilidad de llegar a
un acuerdo con las agencias, las cuales pusieron varias limitaciones, entre
ellas, el precio del pasaje: éste pasó de 300 a 2 100 dólares por persona al
enterarse la empresa que se trataba del traslado de la Federación Venezolana de
Boxeo. Cuando, luego, un privado ofreció un vuelo chárter para trasladar al
equipo, Colombia y Panamá no autorizaron el uso de sus espacios aéreos, por lo
que México también decidió negarse a ceder su espacio para el vuelo. Antes
había ocurrido una situación similar con la selección femenina de voleibol.
Este año, Guatemala negó visados a la selección de rugby venezolana para
participar en el Sudamericano 4 Naciones B y, también, a la selección nacional
de lucha para el Campeonato Panamericano.
También se bloquea las expresiones culturales: a principios de año, el
banco italiano Intensa Sanpaolo bloqueó los
recursos para la participación del pabellón de Venezuela en la XVI Bienal de
Arquitectura de Venecia. Como un “crimen cultural” lo calificó el Ministro
Ernesto Villegas quien logró, tras arduas gestiones y denuncias, romper ese
cerco.
Y no solo vemos trabas para que manifestaciones culturales y deportivas
venezolanas salgan al exterior y representen a sus país,
puesto que el boicot también opera a la inversa: artistas y
deportistas de otros países se niegan a ir a Venezuela y, con desparpajo,
hablan acerca del Gobierno venezolano y del chavismo. Tal vez Miguel Bosé y
Jaime Bayly son los ejemplos más
esperpénticos en ese sentido. Este boicot cultural y deportivo es muy efectivo
a la hora de incidir en la opinión pública mundial y una poderosa herramienta
para la construcción de un sentido común negativo hacia Venezuela, debido a la
popularidad de quienes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Kevin Spacey, Gloria Stefan o Francisco Cervelli (receptor
de los Pittsburg Pirates) diseminan propaganda
negativa, en un contexto de bloqueo multidimensional.
La tercera modalidad se expresa a través de la arbitraria e injusta
calificación de riesgo que hacen las agencias. El riesgo país (RP) otorgado por
las agencias de calificación es improcedente si observamos el cumplimiento de
Venezuela con el pago de la deuda externa. En los últimos cuatro años la
República ha honrado sus compromisos de pago por un total de 73 mil 359
millones de dólares. No obstante, el RP ha seguido subiendo. Como denuncia el
economista Alfredo Serrano, “van 32 meses en los últimos 14 años en los que el
RP contra Venezuela ha subido, a pesar del incremento del precio del petróleo.
En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra en 4.820
puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile, aun cuando este
país tiene una ratio de deuda/PIB similar al venezolano. Todo esto encarece y
prácticamente impide cualquier posibilidad de obtención de créditos”.
Estos tres bloqueos están teñidos de cinismo y paradojas: mientras que,
por un lado, la prensa mundial denuncia ‘hambruna y crisis humanitaria’ en
Venezuela, por otro, en acción coordinada, países e instituciones proestadounidenses bloquean el ingreso de medicamentos
y alimentos al país. Mientras el Grupo de Lima, EEUU y la Unión Europea muestran
consternación por la emigración venezolana, las líneas aéreas de esos mismos
países abandonan el territorio. Y, en tanto se cumplen los compromisos de pago,
aumenta el riesgo país.
Es una absurda inversión de la realidad. Sin embargo, por muy absurda
que sea se sostiene ideológicamente gracias a la cuarta modalidad de bloqueo:
el mediático. Este bloqueo también es muy paradojal pues Venezuela es el país
del que más hablan los medios de las corporaciones internacionales. Se trata,
pues, de un ‘bloqueo ruidoso’, diferente, por ejemplo, al bloqueo silencioso
que hay respecto de Guantánamo, de las masacres en Yemen y Palestina o de los
constantes asesinatos de periodistas en México. Por el contrario, con Venezuela
hay profusión informativa, continuidad de agenda escandalera y festín verborrágico.
Efectivamente, durante el 2017, sobre una muestra de 90 medios
estadounidenses, se contabilizaron 3 880 noticias negativas sobre Venezuela, es
decir, una media de 11 diarias, encabezadas por Bloomberg y
el Miami Herald. En cuanto a las
agencias, Reuters y AFP juntas reúnen el 91% de las noticias negativas. A su
vez, el diario El País de España mencionó a Venezuela en ¡249!
de las 365 ediciones del 2017, casi a diario y siempre negativamente. Y si eso
parece una exageración, falta el adjetivo adecuado para calificar lo de la
cadena alemana Deutsche Welle (DW):
ésta publicó 630 noticias sobre el presidente Maduro… ¡casi dos diarias! Para
el caso de la prensa latinoamericana son los medios de México, Colombia y Chile
(es decir, los principales integrantes de la Alianza del Pacífico), los que más
y con menor rigor periodístico informan: 4.200 noticias negativas aparecieron
en México el 2017, 3 188 en Colombia y 3 133 en Chile.
¡Ninguna mencionó el bloqueo!
El cerco mediático opera generando inmenso ruido y, a la vez, invisibilizando tanto al bloqueo como al pueblo
chavista. Ambos no existen en los medios de las corporaciones y, al no existir
ambos, la opinión pública mundial, que mayoritariamente accede a información
sobre Venezuela a través de la agenda informativa hegemónica, es proclive a
formarse una visión sesgada de la realidad.
Esa es la fórmula del bloqueo actual, impulsado a modo de política
exterior por los EEUU contra los países periféricos que, como Venezuela, buscan
construir con soberanía sus propios caminos. Podemos ver una continuidad con
los casos de Cuba y Chile durante el siglo 20, pero también vemos rasgos
característicos del siglo 21 y de esta etapa del imperialismo.
*Profesor de Periodismo
de la Escuela de Periodismo de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
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