Tras fracaso de golpe, EEUU rearma su estrategia en Nicaragua

Álvaro Renzi Rangel*

Fuentes políticas de Washington confirmaron que referentes opositores nicaragüenses, entre ellos Violeta Granera, directora del Frente Amplio para la Democracia (FAD), sucesor de la disuelta Coalición Nacional por la Democracia, analizaron con autoridades estadounidenses la estrategia contra el gobierno de Daniel Ortega; donde se incluyen importantes movimientos de personal en la embajada de EEUU en Managua.

En Washington los opositores nicas tuvieron un intercambio con la conocida congresista cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen quien les trasladó el enfoque general de esta estrategia y los ajustes que se realizarían en la embajada para garantizar su éxito. Es la continuación de la misma política: tras el fracaso del golpe en Nicaragua, la primera acción que realizó el Departamento de Estado fue retirar a sus funcionarios diplomáticos argumentando razones de seguridad, confirma el analista Mirko Trudeau.

El propósito encubierto del gobierno estadounidense -en particular de Mike Pompeo, más conocido en la región por su historial en las operaciones encubiertas de la CIA que por su desempeño como secretario de Estado- era reajustar la estrategia hacia Nicaragua, cuando Washington entendió que el golpe de Estado había fracasado.

El Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la CIA, lejos de mantener cerradas sus instalaciones, continuaron nombrando a funcionarios en tránsito especializados en situaciones de riesgo y crisis políticas para mantener la dinámica interna, la búsqueda de información y sobre todo garantizar el contacto con los actores principales que impulsan la desestabilización en espera añorada “transición”.

Y por eso no debe sorprender que a pesar de la alerta máxima de seguridad emitida por el Departamento de Estado, Washington priorizó la estancia en Nicaragua de oficiales de la estación de la CIA vinculados con sectores claves como la Iglesia Católica, los medios de prensa privados y los grupos rearmados. A ellos se agregaron más funcionarios, con un amplio historial de actividades desestabilizadoras y subversivas en países de la región tales como Venezuela y Cuba.

También se han acelerado nombramientos de funcionarios con experiencia de trabajo en la misión de EEUU ante la OEA para continuar las presiones y sanciones internacionales ya iniciado desde este organismo, manejado por el “procónsul” Luis Almagro, cuya meta –de acuerdo a los planes de Washington que cumple- es terminar, por cualquier medio, con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Cambio de guardia

Todo esto se enmarca en un proceso de cambio de embajador en Nicaragua –con la salida tras tres años de gestión de Laura F. Dogu-, siendo candidato a sustituirla Kevin Sullivan, funcionario destacado en la misión de EEUU. Ante la OEA y cercano con el embajador estadounidense en ese organismo, Carlos Trujillo, quien ha impulsado toda la campaña desde dicho organismo regional con respaldo del llamado Grupo de Lima.

En su despedida, Dogu recordó que en marzo dijo que el futuro de Nicaragua era incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección de ciertos socios internacionales. “Antes de abril, cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte”, añadió.

“Ahora está claro que la gran mayoría de los nicaragüenses ya no aceptarán más la corrupción de los funcionarios gubernamentales o de las empresas privadas y que ya no confían en las instituciones del gobierno. Quieren un país que proteja sus derechos y quieren elecciones libres, justas y transparentes. Lo que entienden es que la prosperidad, la seguridad y la democracia solo pueden funcionar bien cuando todas se complementan”, dijo en su despedida, pero a modo de línea política a seguir.

Por su parte, Sullivan dijo en su audiencia ante el Congreso que los efectos de la crisis en Nicaragua han traspasado las fronteras a los países vecinos de Centroamérica y resaltó que EEUU seguirá trabajando con otros países y organismos internacionales, como la OEA, para “buscar el fin de la violencia patrocinada por el Estado e instaurar en Nicaragua verdaderas instituciones democráticas”.

No por casualidad Carlos Trujillo visitó Nicaragua después de la salida de Caleb Mccarry, asesor de Bob Corker en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para reiterar el mensaje de presión e injerencia al gobierno nicaragüense, intentando buscar una rendición a toda costa. Sullivan ya fue sometido a audiencia en el Congreso, donde manejó un discurso fuerte prometiendo más sanciones contra Nicaragua. Ahora está pendiente de confirmación.

Tanto Sullivan como el Congreso han demostrado el consenso que prima en EEUU para presionar aún más al gobierno de Ortega con la reciente aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la fusión de las dos iniciativas legislativas propuestas contra Nicaragua por los congresistas de origen cubano Ileana Ros (Nica Act) y Bob Menéndez (Magnitsky nica).

La Nica Act y la Ley Magnitsky derivan de los cabildeos que hemos hecho en Washington, señaló la dirigente opositora Violera Granera. El resultado ha sido volver a poner a Nicaragua en el radar de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos, incluyendo a la OEA. Fue un trabajo muy difícil, porque hubo un tiempo que había la tendencia a pensar: Bueno, sí, tal vez hay problemas en Nicaragua, pero hay un crecimiento y una estabilidad macroeconómica”, dijo.

“Nos costó mucho reenfocar la situación de Nicaragua, pero se ha logrado. Ahora, desde esa perspectiva sin duda hay una vinculación con las medidas que el gobierno estadounidense y el Congreso americano han tomado. Pero esto no significa que nosotros seamos los padres y las madres de la Nica Act, como algunos han querido ponernos. Creemos que EEUU tiene todo el derecho de decidir cómo va a manejar los recursos de sus contribuyentes, y con qué países va a mantener la cooperación”, añadió.

Sullivan ha comenzado su trabajo tratando de cohesionar un equipo en Nicaragua que tenga experiencia en situaciones de crisis, procesos de "transiciones democráticas" desde la visión estadounidense y en particular un conocimiento especial de las maquinaria interna de presiones en la OEA.

Tal es el caso del diplomático y político Jonathan Austin, con sobrada experiencia de trabajo en dicho organismo regional y en particular con el funcionamiento de mecanismos multilaterales como los organismos financieros internacionales, convertidos en actores principales de la estrategia y guerra económica contra el gobierno sandinista, que impulsa EEUU.

Junto con la central estadounidense de inteligencia CIA, el Departamento de Estado priorizó la estancia de altos funcionarios de la agencia USAID y del NDI, manteniendo en el país durante la crisis a los directores de ambas instituciones Ted Gher y Julian Quibell, respectivamente, quienes apuestan a un doble juego: limpiar toda la evidencia de su trabajo de intervención para promover el cambio de gobierno, a la par que se mantienen asesorando al nuevo personal estadounidense para el reajuste de estas líneas de trabajo que catalogan como "exitosas".

Para nadie es un secreto que tanto el NDI (el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales asociada al Partido Demócrata) como la USAID son el canal principal para mantener el contacto de la embajada con la oposición a través de un amplio número de ONG y empresas locales que ejecutan fondos y programas estadounidenses.

Entre las organizaciones norteamericanas están Global Communitie, por estos días intentando prender una chispa en el Caribe Norte de Nicaragua previo a las elecciones regionales convocadas y en curso, hasta la Creative Associete Internacional (CAI), también destacada en Nicaragua y con amplio historial de trabajo contra países progresistas utilizando el canal que abren las info-comunicaciones en el paquete de las "revoluciones de colores" que vende EEUU como "democráticas".

En el período han transitado también otras figuras con vasta experiencia en política de subversión y desestabilización interna como es el caso del jubilado Gregory Adams, destacado en Cuba entre el 2007 y finales del 2008, y reapareciendo “casualmente” en agosto del 2012 en Caracas, Venezuela, donde realizó un trabajo similar, marcando el preludio de las guarimbas que azotaron a Venezuela poco después de su llegada.

En esta misma línea también llama la atención el rumor que se maneja en los medios de prensa nicaragüenses, sobre el reciente nombramiento de José Estrada como nuevo attache de Defensa en la embajada de EEUU en Manuagua. Llega de Venezuela para trasladar una visión similar de trabajo en Nicaragua, apostando a manejar una amplia gama de opciones contra el país.

Así lo prometió el senador ultraconservador Marco Rubio, quien insistió en enfocar el tema como una amenaza a la seguridad regional y por tanto a los intereses de EEUU en el área centroamericana, pero sin perder de vista en el panorama el rol estratégico de Nicaragua en el muro de contención regional.

Esta es solo una aproximación de los actores que están llegando a Nicaragua para reconducir la política de EEUU hacia los intereses de Washington. Con solo una mirada a sus hojas de vida y ruta crítica podemos hacernos una idea más acabada del propósito que persiguen con estos nombramientos.

Quién es Violeta Granera

Violeta Granera Padilla es un socióloga originaria de León y tiene 67 años y desde los años ochenta, como exiliada en Guatemala, empezó su rol como referente antisandinista con la excusa de ser defensora de derechos humanos… y la preparan para ser la candidata a la presidencia de un eventual nuevo gobierno con el apoyo de Washington.

Trabajó en el Banco Mundial durante tres años. Su padre, Ramiro, era somocista y fue ajusticiado por los sandinistas. Violeta fue funcionaria del gobierno de Enrique Bolaños en el Consejo de Planificación Económica y Social y después se integró al Movimiento por Nicaragua, desde donde dirigió campañas para promover el voto, la observación electoral y la transparencia, a través de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y en el grupo Fundemos, financiados por la NED y la USAID.

Granera señala que la primera reunión que sostuvo con la OEA y Luis Almagro, su secretario general, fue en el 2016 en la cumbre que se dio en República Dominicana. “A partir de ahí abrimos un canal de comunicación que ha sido bastante fluido y hemos tenido ya unas tres o cuatro reuniones con el equipo de Almagro en Washington”.

"Otro trabajo que hacemos cuando vamos a Washington son citas en dependencias del Capitolio con diferentes actores, con equipos de trabajo de congresistas (Ileana Ros-Lehtinen, Ted Cruz, Roberto Menéndez) que tienen interés en Nicaragua, pero también con organismos de derechos humanos como Freedom House, WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), y algunos think tanks (gabinetes estratégicos) que hacen estudios de investigación sobre Centroamérica", añadió.

Granera fue acompañada la primera vez por José Pallais, de la Fuerza Unida Liberal; la segunda gira fue con Moisés Hassan, coordinador del Partido Acción Ciudadana, y la última con Suyen Barahona, presidenta actual del MRS (Movimiento Renovador Sandinista).

Es también difusora de fake-news elaboradas por los laboratorios estadounidenses de propaganda y guerra sicológo-neurológica, señala el Observatorio en Comunicación y Democracia. Fue la principal difusora de una supuesta investigación del estadounidense Douglas Farah sobre el lavado de dineros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a través de la estatal petrolera venezolana Pdvsa y luego por sus filiales como Albanisa (Alba de Nicaragua S.A.) en Nicaragua y El Salvador.

Deja vu

La actual crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde mediados de abril de este año, es incentivada por las maniobras de desestabilización de EEUU.

La ocupación del 1912 al 1933 fue corolario de ataques de tropas estadounidenses en varias ocasiones anteriores, con el objetivo de asegurarse la construcción del Canal de Nicaragua y evitar que la llevase a cabo otro país. Con la firma del tratado Bryan-Chamorro en el 1916, Nicaragua quedó sometida a un régimen de cuasi protectorado.

Pero el estallido de la Gran Depresión en el 1929 y el hostigamiento que sufrían las fuerzas estadounidenses a manos de la guerrilla de Augusto César Sandino, puso fin a la ocupación en el 1933.

Pese a haberse alcanzado la paz en el 1933, Sandino fue asesinado en el 1934 en un complot tramado por Anastasio Somoza, y en el 1936, Sacasa, el presidente democráticamente electo, fue derrocado a la fuerza por Somoza.

El 20 de julio del 1979 las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entraron en Managua, con un amplio respaldo popular, derrocando al dictador Anastasio Somoza Debayle y con ello la sucesión de los gobiernos dictatoriales controlados por la familia Somoza desde el asesinato de Sandino.

El escándalo Irán-Contra, también conocido como Irangate, es un acontecimiento político ocurrido en el 1985-86, en el cual el gobierno de EEUU, bajo la administración del presidente Ronald Reagan, vendió armas al gobierno iraní cuando éste se encontraba inmerso en la guerra con Irak, y financió el movimiento antisandinista conocido como la Contra (movimiento armado creado y financiado por EEUU para atacar al gobierno sandinista.

Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de la Contra, estaban prohibidas por el Senado estadounidense. La operación de venta de armas a Irán produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue gestionado por el oficial del ejército estadounidense Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y fue utilizado para financiar la agresión al gobierno de Nicaragua y apoyo a la Contra.

*Sociólogo venezolano, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)