Perú: la mafia a la ofensiva

Gustavo Espinoza M.*

Luego de los resultados electorales del pasado 7 de octubre y de la prisión preventiva para Keiko, hubo quienes –con una buena dosis de ingenuidad- cantaron victoria. Pensaron que el fujimorismo había sido derrotado, y hasta aludieron a sus funerales. Craso error. En política, nadie está muerto, salvo que esté físicamente muerto. Hoy, la mafia ha retomado la iniciativa y asoma, peligrosamente, a la ofensiva. Veamos.

Alberto Fujimori se ha zurrado en la resolución judicial que canceló el írrito indulto que le fuera concedido en diciembre pasado. Como si se tratara de una legación diplomática, ha asumido una suerte de “asilo” en la clínica japonesa que funciona en Lima. En ella, los médicos, burlando el juramento hipocrático, mantienen como “paciente” a quien maneja su computadora, usa celular, coordina actividades de los suyos y se levanta raudamente para seguir el hilo de sus acciones.

Keiko Fujimori, desde el Penal de Chorrillos, sostiene diarios encuentros con los integrantes de la cúpula procesada y sus más fervientes allegados. Se vale de una dependencia oficial para urdir maniobras y palabras que serán reproducidas sin resuello alguno.

Los abogados de Keiko, sus familiares más cercanos, y hasta ella misma, aseguran ante todos los que quieran escuchar la monserga que es “víctima” de un atropello, que sufre “una persecución política”, y que “muy pronto” habrá de salir en libertad.

Haciendo gala de ingentes recursos, “Fuerza Popular” mantiene portátiles que despliegan una agitación constante en las inmediaciones del Ministerio Público, en la puerta del Penal de Chorrillos y en otras dependencias. En el extremo, ha ejecutado “plantones” y hasta una “marcha” pagando buses y financiando asistencia de personas.

Conscientes de que libran una suerte de “batalla final”, han acudido a todos sus aliados –Cipriani incluido- y han movido a su troupe más agresiva bajo la cacareada consigna: “con mis hijos, no te metas”.

La “mayoría parlamentaria” aún en proceso de extinción, se da el lujo de hacer aprobar, por parte del legislativo, esperpentos seudo legales como el ”dictamen de la Comisión Lava Jato” que, como bien se ha dicho, es, sobre todo, “Lava Alan” y “Lava Keiko”.

Puestos en absoluta evidencia, los keikistas no han tenido sino que desmantelar su publicitada “botica”, que les servía para coordinar sus actividades más elementales: ponerse en pie, aplaudir, hablar con uno, dar la espalda a otro, transitar por la política como entes digitados.

Sus expresiones más cabales –Rosa Bartra y Karina Betetta- se han mostrado en el debate parlamentario como dos pequeñas muñequitas accionadas a control remoto, gritando rítmicamente los mismos improperios, acusando de “terroristas” a quienes denunciaron sus truhanerías y haciendo coro a las acciones macartistas del cogollo alanista del Apra, que se vale del anticomunismo más ridículo para descalificar a sus adversarios.

En un plano más alto, ellos han arreciado su campaña contra el fiscal José Domingo Pérez, el juez Richard Concepción, y hasta el presidente Vizcarra, a quien llaman mandatario “accidental” o “de chiripa”.

A los dos primeros han buscado acusarlos penalmente, con el ánimo de eliminarlos de una vez y para siempre. Los detestan aunque, curiosamente, declararon tener un furioso amor por el juez cuando -en su momento- ordenó prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Vizcarra no podrá cantar victoria. También lo tienen en la línea de mira. Lo atacan con ira por “no cumplir su función” en el tema del referéndum, por haber puesto en evidencia la trampa en marcha, que les hubiese permitido “no reelegirse como congresistas” pero sí postularse a un nuevo cargo: senadores o diputados por un nuevo período, en espera de “tiempos mejores”.

En su momento, habrán de acusarlo de “injerencia indebida” y buscarán, por esa vía, inhabilitarlo. Y es que, aunque tengan con él coincidencias puntuales, mantienen una diferencia notable: este ocupa el cargo de Keiko Fujimori si no le hubiesen “robado” la elección el 2016.

Alentando esa ofensiva está el fraudulento y corrupto Fiscal de la Nación, quien se aferra al cargo, con uñas y dientes, aunque no cuente con el apoyo de alguien en su sano juicio. Empeñado en perpetuarse en su función, Chávarri ha buscado “someter a control interno del Ministerio Público” al titular de la acción que puso tras las rejas a la Señora K.

Y, como telón de fondo, asoma la “Prensa Grande” y la Tele, que no dejan de entrevistar, mañana, tarde y noche, a cuanta figura del keikismo quiera decir unas palabras.

Así, en los diarios, las ondas radiales y en las pantallas, se multiplican Rosa Bartra, Luz Salgado, Milagros Salazar, Héctor Becerril, Miguel Torres, Carlos Tubino y otros, que nada tienen que decir salvo repetir, como mediocres papagayos, los “chat” que les envían “desde arriba”.

¿Cuánto dinero le cuesta a la mafia esa “campaña de prensa”? No se sabe con precisión. Pero sí se conoce la suma que llevó el señor José Chlimper a Radio Programas del Perú, dinero que fue “bancarizado” pero también usado, lo que explica por qué RPP está al servicio de la mafia las 24 horas del día. Por su parte, Chlimper mantiene impunemente su cargo en el Directorio del BCR. Nadie lo mueve de ahí. ¿Se habrá comprado el puesto?

Es bueno que el país despierte, y tome conciencia de toda esta ofensiva y de sus consecuencias. Y sería mejor aún que le haga frente, derrotando, una a una, todas sus acciones.

Por lo pronto, hay que acabar con la farsa de Alberto Fujimori y asegurar que se cumpla la voluntad judicial: y que el reo vuelva a prisión.

No solo debe cumplir la sentencia dictada en su momento, sino que, además, debe darse pase a los juicios pendientes por los crímenes de Pativilca y las esterilizaciones forzadas. Aunque la Diroes no es una cárcel, sino un centro recreacional de la policía, debe ser recluido allí, en un régimen común, sin privilegios.

Hay que rechazar cualquier “recurso” orientado a revertir la situación de Keiko, quien debe cumplir los 36 meses de reclusión, y en ese lapso comparecer ante un tribunal, en un juicio ordinario, que deberá dictarle sentencia. Es muy bueno que la sociedad peruana entienda que los delitos se pagan.

Mientras dure el procedimiento, ella no deberá tener ningún privilegio, solo deberá recibir visitas en las horas que les corresponden a todas las personas privadas de su libertad y en las mismas condiciones. Y no debe permitirse que los congresistas hagan uso de su condición para entrevistarla cada día.

Hay que acabar con la “dictadura” de la írrita “mayoría parlamentaria” fujimorista. Para este efecto, el cierre del Congreso actual deviene necesidad ineludible. Y no hay que “cederles la calle” a los grupúsculos que alienta y financia, los que no pueden gozar de “libertad de movimiento” ni generar provocaciones contra nadie.

Hay que publicar y difundir en todo el país los “mensajes” cruzados por la mafia en la mentada “botica”, para que todos los ciudadanos tengan noción clara de la catadura moral de los congresistas que la usaron denigrando la función parlamentaria.

Hay que desenmascarar abiertamente a todos los “voceros” oficiales u oficiosos de la mafia, poniendo en evidencia no solo su mediocridad sino también su vinculación con las actividades delictivas de la estructura criminal detectada al interior de Fuerza Popular.

En otras palabras, hay que terminar con la farsa de una seudo “resistencia democrática” implementada por la mafia fuji-alanista y derrotarla.

Para ese efecto, hay solo dos requerimientos: una sólida, firme y consecuente actitud del Gobierno, y una movilización constante y permanente de la población. El Perú lo necesita.

*Colectivo de dirección de Nuestra Bandera